Los estados de excepción en Colombia. Una aproximación desde los mecanismos de control

Los estados de excepción son una figura contradictoria y por lo tanto altamente polémica. Plantean limitar la democracia para mantenerla, restringir la Constitución para conservarla, disminuir el disfrute de los derechos humanos para garantizar su posterior vigencia y, en muchos casos, dotar al Gobierno de poderes excepcionales para evitar un posible dictadura. Así, la proliferación de los mismos de ha caracterizado por su dureza y, principalmente, por su prolongado e indefinida duración, lo cual quebranta a todas luces su prerrogativa de excepcional mutando en un elemento de uso habitual por parte del Ejecutivo. Los conflictos armados internos han sido el principal pretexto para la declaración de los mismos. Lo que resulta evidente es que en lugar de resolver el problema lo han incrementado. En Colombia la aplicación de esta medida excesiva ha significado al retroceso de los derechos humanos, del orden constitucional, de l legitimidad del Estado, de la separación de poderes y del gasto social.

Ante este panorama la Constitución de 1991 trató de poner frenos a los excesos del Estado de Sitio que traía la carta del 86. Establecio nuevas medidas al respecto, confirmó otras y creó una ley estatutaria para el caso. No obstante, podemos decir – casi dos décadas después- que los resultados distan mucho de ser satisfactorios. Prueba de ello es que en estos diecinueve años se ha declarado el estado de excepción, incluyendo las prórrogas, veintidós veces.

Es evidente que en atención a lo hasta aquí expresado, el control parlamentario –conforme lo determina la historia ha sido casi nulo y por lo tanto ineficiente, lo que ha caracterizado su debilidad y como resultado agrupó bajo la constitución anterior el auge desenfrenado de la figura del estado de sitio, con resultados catastróficos para la democracia. Esta desidia ha generado, como en tantas otras ocaciones, que sea la Corte Constitucional quien en ejercicio de su revisión formal y material haya impedido la proliferación de los estados de excepción y el retorno pleno a la “dictadura constitucional”.

Que sea lo expresado en esta obra la oportunidad para que el Congreso proscriba su impotencia, desidia o ineficiencia histórica y plantee un control política efectivo en el que se discuta con rigurosidad los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo. Deberá entonces el legislativo proscribir las opiniones tendientes a considerar que la actuación de la Corte Constitucional en estos casos ha sido una de las causas del escaso o nulo protagonismo del Congreso en cuanto al control político en los estados de excepción. Es un buen momento para que el Congreso disminuya los niveles de incertidumbre y proporcione una estructura  estable en la que este cumpla con su control político y el Tribunal Constitucional se atempara a su control jurídico restablecimiendo de esta manera la colaboración armónica entre las ramas del poder, los poderes y la reivindicación del principio de separación de poderes.

Introducción

 

El control del poder como exigencia y elemento inseparable de la Constitución y del Estado Constitucional

Control del poder desde el clasicismo griego hasta el Estado de derecho

Tipos de controles al poder; jurídicos, políticos, y sociales

            Control jurídico

            Control social

            Control político

Mecanismos de control parlamentario

Estados de excepción

            Estado de guerra exterior

            Estado de conmición interior

            Estado de emergencia económica, social y ecológica

Control político en los estados de excepción

Mecanismos de control parlamentario sobre los estados de excepción en Colombia

El estado de sitio a finales de la Constitución de 1886

El control del decreto declaratorio en la Constitución de 1991

La polémica en torno al control jurídico sobre el decreto declaratorio

Conclusiones

Bibliografías

Decretos

Jurisprudencia Nacional